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Argentina en tiempos de reformas

A partir de las elecciones legislativas, que se llevaron a cabo el 22 de Octubre en todo el país, el Gobierno Nacional se vio fortalecido y decidió llevar a cabo políticas tendientes a cambiarle la cara a las reglas de juego a todo el sistema económico normativo y productivo.

 

El Reformismo de la Era Macri empezó a gestarse, y comenzó a develarse cuáles son las líneas que estas nuevas prácticas intentarán abordar. En un acto realizado el pasado lunes 30, en el Centro Cultural Kirchner (CCK), el actual mandatario nacional dejó a la vista cuáles son las intenciones que tiene para la segunda parte de su gestión, y el acompañamiento que cree necesario de distintos sectores. Anunció, abruptamente, la necesidad de distintas reformas: impositiva, laboral y previsional. 

La reforma tributaria es un cambio que se espera ya hace tiempo desde muchos sectores y, opinión personal, se esperó demasiado. Según información que trascendió desde el Ministerio de Hacienda de la Nación, a cargo de Nicolás Dujovne, y según el anuncio presidencial, la reforma tiene el objetivo de realizar rupturas en las estructuras impositivas tradicionales que llevaron a que los contribuyentes pequeños y leales al sistema impositivo sean los perdedores a causa del gran nivel de evasión y las altas cargas impositivas. Continuando con esta premisa, los cambios seguirían la siguiente guía:

  • Baja del Impuesto a las Ganancias en caso de empresas que puedan demostrar reinversión de utilidades y, además, la inclusión de un aumento de deducciones para trabajadores independientes.
  • Eliminación del Impuesto a las Transferencias Inmobiliarias y reemplazo por un impuesto a las Ganancias por el capital generado por la venta de inmuebles, siempre y cuando éste no sea una casa o habitación del contribuyente.
  • Acreditación del Impuesto a los créditos y débitos bancarios, conocido como “impuesto a los cheques”, en cuenta de anticipo de pago de impuesto a las Ganancias.
  • Creación de un Impuesto a la renta financiera que grave todas las utilidades recibidas en concepto de intereses por las inversiones iguales o superiores a $1,4 millones para la adquisición de bonos, Letras del Banco Central de la República (Lebacs), plazos fijos, acciones que de empresas coticen en el exterior y Letras del Tesoro de la Nación (Letes); dejando afuera las rentabilidades obtenidas por la compra de acciones que coticen en el país y por Fondos Comunes de Inversión.
  • Aplicación de Impuesto al Valor Agregado a las transacciones de empresas radicadas en el extranjero pero que presten servicios en el país (Netflix, Amazon Prime, Spotify, Deezer, etc).
  • Aumento de impuestos internos a productos de consumo masivo, como es el caso de las bebidas alcohólicas, las gaseosas, cigarrillos, etc; cuyas cargas impositivas ya son elevadas y están cercanas el 80% del precio final (este es el caso de productos derivados del tabaco). Además, se plantea la necesidad de la imposición de una carga tributaria “ambiental” a los combustibles fósiles. A su vez, se presentaría un proyecto de reducción gradual de los impuestos hacia productos electrónicos y, automóviles y motocicletas de gama media, hecho que alertó a la provincia de Tierra del Fuego.

Por su parte, el proyecto de reforma laboral (que fue anunciado ante los representantes sindicales de orden nacional) tiene una línea consiguiente con los principios de transparencia y liberalización que anunciaron los distintos funcionarios afines a esta reforma. Incluye puntos diversos, pero entre los fundamentales se pueden destacar:

  • Liberar de pena (parcialmente, según el caso) a aquel empleador que cuente, dentro de su personal a cargo, con trabajadores no registrados y manifieste la regularización la situación de los mismos. 
  • En el mismo caso que en el inciso anterior, cuando un empleador no haya registrado a sus empleados, se le perdonarán los capitales e intereses adeudados en concepto de falta de aportes previsionales, siempre y cuando hayan sido su destino faltante: el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP o PAMI), entre otros.
  • Aporte estatal de un máximo de 60 meses de aportes previsionales para trabajadores regularizados e inscriptos, basado en el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente.
  • Métodos para informar las irregularidades en el Sistema de Seguridad Social por parte del empleador, y un sistema administrativo preestablecido para actuar con facilidad estos casos.
  • Integración de un sistema de ajuste, por montos preestablecidos, del Haber Mínimo Garantizado y la inclusión de una “cláusula gatillo” emparejada a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
  • Sistema de equiparación progresiva de los aportes y contribuciones de empleadores de cada rama o actividad económica.
  • Flexibilización de las causas judiciales provenientes del sistema de subcontratación de empleados, imposibilitando al empleado a iniciar acciones legales contra cesionarios, contratistas o subcontratistas que cumplan con sus “obligaciones de control”. 
  • Ampliación del sistema de licencias por paternidad, e inclusión del pedido de licencia sin goce de haberes por el período de 30 días.

Además de las reformas tributaria y laboral, surge como menester, desde el gobierno, la reforma previsional. A grandes rasgos, busca modificar el sistema argentino de Previsión Social. El objetivo máximo es la creación de un sistema sustentable que pueda ser costeado sin déficits por los trabajadores activos que haya en cada período. Para cumplir sus metas, los funcionarios del Poder Ejecutivo solicitan el apoyo a los sindicatos y al Congreso para poder modificar lo siguiente:

  • Extensión voluntaria de la jubilación establecida, por 5 años (65 años mujeres y 70 años los hombres).
  • Sistema de protección al trabajador para que no pueda ser intimado a retirarse si no cumple los 30 años de aporte.
  • Establecimiento de un sistema de cálculo del haber mensual en relación a la cantidad de años de aporte, sumados a la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) que significa el 80% del haber mínimo.

La apreciación que se obtiene de las reformas propuestas pueden gustar o no, pero dejan ver que hay determinados puntos que no están siendo tratados realmente. La Ley de Competitividad, en la cual se establece la creación y reglamentación del Impuesto a los créditos y débitos bancarios, expresa en su 7º artículo que sólo es de aplicación hasta Diciembre de 2002, plazo que se viene extendiendo año tras año a través de decretos y sanciones parlamentarias, dejando de analizar que la exclusión financiera que hay en el país, puede verse revertida en parte por la sanción del fin de este “impuesto extraordinario”.

Por otra parte, no se establecen, en este catálogo, métodos tendientes a combatir la informalidad o evasión, o métodos de redistribución pertinentes, ni siquiera un gravamen específico para grandes empresas, sino que se observaron esfuerzos para incentivar la creación y fuga de capitales por inversión en instrumentos financieros, para guiar fondos hacia las inversiones productivas que pueden generar más empleo.

El Ministerio de Hacienda propone que estas medidas tenderán a acelerar el crecimiento económico, a mejorar el posicionamiento del país en cuanto a sus pares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y demás cuestiones. Queda claro que la intención de un país en mayor crecimiento y con menores “restricciones” a los incentivos empresarios es el modelo vigente, y estas reformas tributarias más lo apuntalan.

Existe, según observo, una inconsistencia entre las metas de largo plazo de estabilización y obtención de sistemas sustentables y los sistemas propuestos en donde se albergan menos recursos y más soporte estatal para actividades o empleados menos favorables. Además, existe una intención de darle la ventaja al trabajador de que se retire más tarde y obtenga sus beneficios en un lapso menor y en mejores condiciones (mayor jubilación), pero, el sistema previsional que se propone castiga a aquellos que hayan ingresado tardíamente al mercado laboral o los que no hayan tenido la suerte de haber tenido trabajo registrado por 30 años.

Pablo Ariel García
Analista de CECREDA

 

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