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Wed, Oct

Ley de “Compre Trabajo Argentino”

En los pasillos de la Legislatura Nacional, está tramitándose la aprobación y posterior promulgación de una modificación a la Ley N° 25.551, la cual reglamenta los aspectos generales de las compras del Gobierno Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos.

 Esta nueva iniciativa llega a responder los requerimientos del sector productivo relacionado a las pequeñas y medianas empresas, a partir de la falta de respuestas manifestadas del Banco Central de la República (BCRA) frente a los problemas que ocasiona el atraso cambiario que venimos sufriendo en el último año.

A partir de la gran devaluación ocurrida en Diciembre de 2015, el peso como divisa ha perdido valor nuevamente por la falta de actualización de su precio ante los efectos de la inflación sufrida en el último año y medio, con lejanía superioridad ante el crecimiento del tipo de cambio. Además, las altas tasas de interés que mantiene el BCRA, y la apertura externa que ha promovido la gestión actual del Gobierno Nacional, parece tener disgustado al sector productivo industrial. 

Ante estos disgustos, y con la cercanía que puede lograr el sector PyME nacional (mediante cámaras o aglomeraciones de empresas) con el Gobierno, es que se empezó a gestar una reforma en la ley antes citada, en busca de mejorar las condiciones microeconómicas de intercambio para sectores que están, hoy en día, alicaídos. La ley N° 25.551 define los mecanismos a adoptar en la gestión de compras y concesión de servicios y bienes públicos. Establece, esta ley, que los productos de origen nacional (cuyos insumos importados no superen el 40% de su valor bruto de producción) tienen una preferencia sobre aquellos que no cumplan con las condiciones para estar catalogados en este rubro, que se traduce mediante un pago superior para los bienes de producción nacional. Se otorga, según la legislación, la preferencia “a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional”. Además, se establece que, una vez ganada la licitación, los productores de estos bienes nacionales recibirán un “sobreprecio” de 7% cuando éste sea parte del sector PyME nacional, y de 5% para otro tipo de sociedades.

Teniendo en cuenta la legislación actual, la reforma que se sugiere vendría a aumentar el beneficio obtenido luego de que el productor nacional haya ganado la licitación, a un 12% en caso de las PyMEs y un 8% a otro tipo de empresas. Se espera que esta medida de política microeconómica pueda generar efectos positivos en términos de empleo e ingresos en sectores marcados, siempre suponiendo que las PyMEs argentinas podrán lograr vencer en las licitaciones abiertas realizadas por los representantes del Gobierno. Agregando las pequeñas y medianas empresas a aquellas de menor tamaño y/o nivel de ingresos que éstas, aglomeraron el 64.2% del empleo nacional (según datos del 2016). El pago de precios superiores en operaciones comerciales con el Gobierno Nacional, supone un gran incentivo a la producción en sectores de mano de obra intensiva. 

Políticas de sustitución de importaciones, como ésta, se vieron en distintos momentos de la historia de nuestro país, pero nunca con una continuidad marcada, ni siguiendo una línea de largo plazo. En la década de los ‘60s una política muy similar a la actual fue introducida por el pensador “desarrollista” y ex Presidente, Arturo Frondizi, con acompañamiento de un nombre que hoy es común, Rogelio Frigerio. Al igual que en el plan actual, el plan de industrialización del representante de la Unión Cívica Radical Intransigente demandaba la apertura a la entrada de capitales para financiar empresas de producción industrial pesada (minería, siderurgia, petroquímicos, entre otros), además de un incentivo gubernamental a trasladar los recursos a los sectores más eficientes. En contracara con el proceso actual, el intento de industrialización de Frondizi consideraba fundamental que los organismos de gestión estatal no combatan a los capitales nacionales que puedan ser destinados a la inversión, facilitando los procesos y brindando condiciones para que todo capital argentino o extranjero sea destinado a la producción y no a la especulación financiera. Además, el modelo frondizista consideraba primordial el desarrollo de las economías regionales, para que estas puedan integrar el proceso de consolidación nacional. Las políticas del Gobierno actual llevan hoy a observar un atraso cambiario notable, tasas de interés reales positivas y altas, y falta de condiciones para el resguardo de las economías regionales, las que se ven azotadas en las zonas fronterizas por las ventajas competitivas que tienen en su poder las empresas de los países limítrofes (por el bajo costo de la importación). 

Observar lo acontecido en el pasado con un modelo de desarrollo productivo con bases similares, puede permitir extraer conclusiones, aunque sea imposible predecir los resultados. Los efectos aproximados que se podrían esperar de un “modelo desarrollista” son, en un principio microeconómicos, esperando que la productividad se vea estimulada si las condiciones de inversión y transferencia de recurso se pueden traducir tal y como fueron planeadas. En cuanto a los efectos globales, macroeconómicos, de elevación del nivel de empleo, estímulo a la producción en conjunto, y otros, parecen más lejanos con las condiciones que hoy nos muestra la realidad argentina. Pensar en un crecimiento sostenido y aglomerado de todos los sectores parece difícil, producto de las asimetrías que hay a nivel nacional, entre sectores y regiones productivas. Por último, parece también difícil pensar que esta política surja con los mismos propósitos que a fines de los años 50, ya que no parece haber un plan coordinado de políticas, sino que esta parece ser una política para el equilibrio microeconómico, compensatoria a las medidas adoptadas de índole macroeconómica.

Pablo Ariel García
Analista de CECREDA

 

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